Les traigo este interesante trabado del  C.P.C. y M.I. José Paul Hernández Cota, integrante de la Comisión Fiscal del IMCP, quien realizó un análisis sobre el momento en que procede deducir, para efectos del impuesto sobre la renta, el importe de las cuentas por cobrar porque sean incobrables.

ANÁLISIS DE LA DEDUCCIÓN DE CUENTAS POR INCOBRABLES

Un indicador derivado de una crisis económica es la reducción del flujo de efectivo en las empresas; esta situación se presenta, entre otras cosas, por las dificultades en la recuperación de sus cuentas por cobrar.

En mi experiencia, un porcentaje representativo de estas cuentas puede convertirse en incobrable, impactando su situación financiera.

Además, se presenta otro efecto adverso, que es el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) cuando se lleva a cabo la acumulación del ingreso por enajenación de bienes o prestación de servicios, en el caso de personas morales.

Ante esta situación, es de suma importancia analizar el rubro de cuentas por cobrar desde un enfoque fiscal, a fin de determinar en qué momento procede la deducción por su incobrabilidad.

 

NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Como preámbulo al análisis de las disposiciones fiscales, comento brevemente el contenido del Boletín C-3 de las Normas de Información Financiera (NIF), el cual establece para efectos contables las reglas de presentación y valuación de las cuentas por cobrar y, en su caso, de aquellas irrecuperables.

 

CONCEPTO DE CUENTAS POR COBRAR

Representan derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo. Las cuentas por cobrar pueden ser clasificadas como de exigencia inmediata: a corto plazo y a largo plazo.

A corto plazo. Son aquellas cuya disponibilidad es inmediata dentro de un plazo no mayor de un año.

A largo plazo. Son aquellas cuya disponibilidad es mayor de un año.

Las cuentas por cobrar a corto plazo deben presentarse en el balance general como activo circulante, y las cuentas por cobrar a largo plazo deben presentarse fuera del activo circulante.

Otra clasificación de estas cuentas, en función a su origen, es:

a) A cargo de clientes.

b) A cargo de otros deudores.

Como se observa, las cuentas por cobrar nacen de derecho de cobro, sea cual fuere el origen de la operación; es decir, pueden devenir de un préstamo, por una venta, por la prestación de servicios o por el otorgar el uso o goce, entre otros; además, el deudor puede ser público en general, personas físicas o morales con actividades empresariales, etcétera.

 

CUENTAS INCOBRABLES

El mencionado boletín señala que para cuantificar el importe de las partidas que habrán de considerarse irrecuperables o de difícil cobro, debe efectuarse un estudio que sirva de base para determinar el valor de aquellas que serán deducidas o canceladas, y estar en posibilidad de establecer o incrementar las estimaciones necesarias en previsión de los diferentes eventos futuros cuantificables que pudieren afectar el importe de esas cuentas por cobrar, mostrando, de esa manera, el valor de recuperación estimado de los derechos exigibles.

Es decir, para propósitos contables las cuentas incobrables se determinarán con base en una evaluación de las condiciones y expectativas de cobro de cada una de las cuentas por cobrar.

 

ANÁLISIS DE LA DEDUCCIÓN

Ahora bien, en materia fiscal la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) establece los supuestos normativos para que proceda su deducibilidad, por lo que a continuación hago un análisis de cada uno de ellos.

El artículo 29, fracción VI de la LISR considera como un concepto de deducción a los créditos que resulten incobrables; por su parte, la fracción XVI del artículo 31 establece los supuestos y requisitos que se deberán reunir para proceder a su deducción.

El artículo en mención prevé dos momentos para efectuar la deducción: en primera instancia cuando haya transcurrido el plazo de prescripción del crédito, o antes, si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro.

 

PRESCRIPCIÓN

En el primero de los casos, la prescripción de acuerdo al Código Civil Federal (CCF) es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones; a esta última se le denomina prescripción negativa.

La prescripción negativa, es decir, la liberación del cumplimiento de la obligación del deudor se verifica por el sólo transcurso del tiempo fijado por la ley, de conformidad con el artículo 1158 del CCF.

Para determinar cuándo se ha consumado el plazo de prescripción se debe atender al tipo de documento en el que se consagra del derecho del crédito. A continuación relaciono los diferentes plazos que establecen las leyes aplicables.

Documento

Plazo

Letra de cambio Tres años a partir del vencimiento. Art. 165 LGTOC1
Pagaré Tres años a partir del vencimiento. Art. 174 LGTOC
Cheque Seis meses, contados desde que se concluya el plazo de presentación para su pago. Art. 181 y 192 LGTOC
Factura por ventas Un año, en el caso de mercaderes al por menor, por las ventas que se hayan hecho de esta manera al fiado, contando desde el día en que se efectúe la venta. Art. 1043 fracción I. CC2
Factura por ventas Dos años, en el caso de cualquier comerciante para cobrar el precio de objetos vendidos a personas que no fueran revendedoras, contados desde el día que fueron entregados los objetos. Art.1161 Fracción II. CC.
Factura por ventas Diez años, para las ventas de mayoreo y en los casos que el Código no establezca un plazo más corto. Art. 1047 CC.

 

Un aspecto que resulta importante analizar es el momento en el cual se podrá efectuar la deducción de la cuenta por cobrar cuando se presenta la prescripción; para esto, retomo la redacción del primer párrafo de la fracción XVI de la LISR, que señala:

En el caso de pérdidas por créditos incobrables, estas se consideran realizadas en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción… (Énfasis añadido)

Como se observa, esta disposición establece el momento en que se consideran realizadas las pérdidas incobrables, el cual se da cuando se consuma el plazo de prescripción; como consecuencia, es en este preciso momento, en el que la ley permite su deducción; es decir, la deducción sólo podrá efectuarse en el ejercicio en que se consuma el plazo de prescripción, por lo que no podrá llevarse a cabo en ejercicios posteriores, esto sin perjuicio de la presentación de una declaración complementaria. 

1 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

2 Código de Comercio.

 

NOTORIA IMPOSIBILIDAD PRÁCTICA DE COBRO

Respecto a la notoria imposibilidad práctica de cobro, la ley prevé diferentes supuestos, dependiendo del monto del crédito y de la calidad del deudor, por lo que analizaré cada uno de ellos.

La ley del ISR establece que existe notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros, en los siguientes casos:

a) Créditos de hasta 30,0003 Unidades de Inversión (UDIS)

Cuando en el plazo de un año contado a partir de que se incurra en mora, no se hubiera logrado su cobro. En este caso, se considera incobrable en el mes en que se cumpla un año de haber incurrido en mora.

Cuando se tengan dos o más créditos con una misma persona física o moral se deberá sumar la totalidad de los créditos otorgados para determinar si estos no exceden del monto antes mencionado.

Tratándose de créditos con el público general cuyo monto al día de su vencimiento sea entre cinco mil pesos y 30,000 UDIS, el contribuyente deberá informar de dichos créditos a las sociedades de información crediticia4 que obtengan autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de conformidad con la Ley de Sociedades de Información Crediticia.

Asimismo, será aplicable lo dispuesto en este inciso, cuando el deudor del crédito de que se trate sea contribuyente que realiza actividades empresariales y el acreedor informe por escrito al deudor que efectuará la deducción del crédito incobrable, a fin de que el deudor acumule el ingreso derivado de la deuda no cubierta.

Además, los contribuyentes deberán informar a las tardar el 15 de febrero de cada año de los créditos incobrables que dedujeron en el año de calendario inmediato anterior.

3 Equivalente a $140,272.05 al 12 de diciembre del 2011.

4 Instituciones de buró de crédito

 

b) Créditos mayores a 300,000 UDIS.

 Cuando el acreedor haya demandado al deudor ante la autoridad judicial el pago del crédito o se haya iniciado el procedimiento arbitral convenido para su cobro y además se cumpla con lo establecido en el último párrafo del inciso anterior.

 

c) Quiebra o concurso. 

Se compruebe que el deudor ha sido declarado en quiebra o concurso; en el primer caso, debe existir sentencia que declare concluida la quiebra por pago concursal o por falta de activos. Tratándose de cuentas por cobrar que tengan una garantía hipotecaria, solamente será deducible 50% del monto adeudado cuando se den los supuestos del inciso b) anterior.

Cuando el deudor efectúe el pago del adeudo o se haga la aplicación del importe del remate a cubrir el adeudo se hará la deducción del saldo de la cuenta por cobrar o, en su caso, la acumulación del importe recuperado.

 

ALCANCE DEL TÉRMINO ¨ENTRE OTROS¨

 Como se puede observar, en el caso de notoria imposibilidad práctica de cobro si bien es cierto que se contemplan supuestos específicos, también lo es que existen otros no enunciados en forma expresa por la disposición, pero que, de igual forma, constituyen imposibilidad práctica de cobro, esto al introducir el término entre otros.

Sobre este particular, la Corte se ha pronunciado sobre algunas disposiciones que contemplan el término “entre otros”, en el sentido de que los supuestos que expresamente se señalan deben interpretarse con un carácter enunciativo y no limitativo, dejando la posibilidad de que se configuren otros supuestos de la misma naturaleza.

No obstante, esta ambigüedad puede provocar inseguridad jurídica para el contribuyente; sin embargo, considero que existen elementos para determinar otros supuestos que también nos lleven a constituir una notoria imposibilidad práctica de cobro.

En relación con lo anterior, cabe destacar que hasta el ejercicio 2006, la LISR vigente señalaba un par de supuestos que fueron eliminados a partir de 2007, estos eran los siguientes: cuando el deudor no tuviera bienes embargables o hubiera desaparecido o fallecido sin dejar bienes a su nombre. Dichos supuestos presentaban una notoria imposibilidad práctica de cobro; no obstante, como ya comenté, la disposición vigente no los contempla expresamente.

Hay dos posibles interpretaciones, la primera sería que al ubicarse un contribuyente en alguna de estas situaciones no proceda su deducción por no estar previstas expresamente; la segunda, considerarlos deducibles bajo el argumento de que la Ley permite otros supuesto a los enunciados por la norma, en mi opinión esta última es la correcta.

 

CRÉDITOS CON PÚBLICO EN GENERAL, MENORES A 5,000 PESOS

El supuesto a que hace referencia la ley sobre operaciones con público en general está dirigido a créditos con un monto de entre 5,000 pesos y 30,000 UDIS, los cuales serán deducibles cuando se presente un informe al buró de crédito, además de que transcurra un año de mora, tal como lo establece el primer párrafo del inciso a); sin embargo, pueden existir créditos con público en general que no excedan de 5,000 pesos, por lo que se desprende la necesidad de determinar los requisitos a cumplir para su deducción.

 En este sentido, cabe aclarar que el requisito de informar al buró de crédito está ligado en forma particular a los créditos con público en general de un monto de entre 5,000 pesos y 30,000 UDIS; por otra parte, el requisito de que transcurra un año de mora es aplicable a cualquier crédito inferior a 30,00 UDIS.

 En este entendido, me parece que los créditos inferiores a 5,000 pesos deberán cumplir solo con el requisito de que haya transcurrido el año de mora, sin que estén sujetos a informar al buró de crédito para llevar a cabo su deducción.

 

CRÉDITOS CON DEUDORES QUE NO REALICEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES

 Tratándose de créditos menores a 30,000 UDIS que se hayan originado por operaciones con personas que se dedique a realizar actividades empresariales, el requisito para su deducción es que se presente una declaración informativa ante el SAT de los créditos que se están deduciendo y se informe por escrito al deudor de que se efectúo la deducción para que este se acumule, además de que transcurra el año de mora, que como comenté es aplicable a todos los créditos inferiores a 30,000 UDIS.

Es claro que el supuesto previsto por la ley es sobre créditos con personas que realizan actividades empresariales; entonces, nace la interrogante en el caso de aquellos créditos menores a $30,000 UDIS derivados de operaciones con personas que no realicen actividades empresariales, por ejemplo: arrendadores, sociedades civiles, etcétera.

En este sentido, en mi opinión es aplicable un razonamiento similar al caso anterior; esto es, el supuesto que prevé la disposición es el de deudores que realicen actividades empresariales, en el caso de deudores que no realicen dichas actividades considero que no deben cumplir con los mismo requisitos, por lo que se podrán deducir una vez trascurrido el año de mora, sin necesidad de presentar la informativa ante el SAT ni dar aviso al deudor para que lleve a cabo la acumulación del crédito.

 

CRÉDITOS DEMANDADOS

 Cuando el crédito es superior a $30,000 UDIS, el requisito para que se configure la deducción por notoria imposibilidad práctica de cobro, es que se haya demandado al deudor ante la autoridad judicial, además de que se presente la declaración informativa ante el SAT y se notifique al deudor que se efectuó la deducción para que este lleve a cabo la acumulación de la deuda.

Como se observa, en este caso no se hace distinción si el deudor es público en general o tiene actividad empresarial; asimismo, no está condicionado a que transcurra el año de mora, por consiguiente, el requisito sustantivo para la deducción es que se haya demandado al deudor.

Respecto a la demanda, es importante que la misma sea admitida. Para tal efecto, se entenderá por interpuesta la demanda en el momento que la empresa presente su escrito de demanda ante los juzgados competentes, y la recepción en oficialía de partes iniciaría el ejercicio de la acción, al estar debidamente documentada y soportada, dando mayor certeza cuando esta sea admitida y radicada.

Es por lo anterior, que la demanda surte efectos desde el momento en que es presentada ante el órgano jurisdiccional.

Como se observa la disposición no sujeta la deducción al resultado de la demanda, el simple hecho de que un acreedor demande ante las autoridades correspondientes el cobro al deudor activa la deducción de la cuenta por cobrar, cumpliendo con los demás requisitos aplicables al caso.

 

EFECTO FISCAL PARA EL DEUDOR DEL CRÉDITO

 MOMENTO DE LA ACUMULACIÓN

 Respecto al deudor del crédito, la LISR señala que los ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente se obtienen en el mes en el que se consume el plazo de prescripción o en el mes en el que se cumpla el plazo a que se refiere el párrafo segundo de la fracción XVI del artículo 31 de dicha ley.

Es importante señalar, que el único plazo establecido por la disposición mencionada es que transcurra un año de mora; por lo tanto, se advierte que la intención es que el deudor acumule dichas deudas a sus ingresos en el momento en que se consuma la prescripción o cuando transcurra un año de mora; en este último caso, sin la condición de que el acreedor las haya deducido y sin importar el monto del crédito.

Es decir, mientras que para la deducción de un crédito por imposibilidad práctica de cobro, además del requisito de haber transcurrido un año de mora es esencial que se cumplan con otros requisitos dependiendo de monto del crédito y las características del deudor para la acumulación basta con que transcurra el plazo de referencia.

Ahora bien, otro aspecto que debemos analizar es el hecho de que se prevean dos momentos, sin que la propia disposición precise que el que ocurra primero activa la acumulación, esto me lleva a interpretar que dicho momento será a elección del contribuyente, es decir, será opcional.

Esta interpretación se sustenta, precisamente, con lo señalado en el artículo 18, fracción I de la LISR, al establecer que tratándose de enajenación o prestación de servicios el ingreso se acumulará cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero:

 a) Se expida el comprobante.

b) Se envíe o entregue materialmente el bien o se preste el servicio.

c) Se cobre total o parcialmente el precio o la contraprestación.

 Cuando el legislador quiere distinguir lo hace, como es el caso del artículo 18, fracción I, referente a la acumulación de ingresos tratándose de enajenación o prestación de servicios, en donde se señala lo que ocurra primero.

Sin embargo, en ausencia de esa precisión no tenemos que asumirla o aplicarla por analogía al caso de la acumulación de deudas no cubiertas prevista en el artículo 17 fracción IV de la propia ley.

 

 AVISO PARA QUE ACUMULE EL DEUDOR

 Como ya se comentó, para que el acreedor deduzca el importe de las cuentas por cobrar por la vía de la notoria imposibilidad práctica de cobro, uno de los requisitos es que se informe al deudor sobre dicha deducción para que este lleve a cabo la acumulación del monto del crédito.

Sobre este requisito tengo dos comentarios, el primero es que el hecho de que se informe al deudor para que realice la acumulación no significa que se está condonando la cuenta por cobrar, esto es, el acreedor podrá continuar con la gestión de cobro.

El otro comentario, es sobre el alcance y efecto fiscal que tiene el aviso, ya que en el caso de un deudor persona moral, como ya lo comenté, la LISR prevé disposición expresa sobre el momento de acumulación, tratándose de deudas no cubiertas, por lo que me parece que dicho aviso no constituye un supuesto que obligue al deudor a la acumulación, ya que reitero los momentos de acumulación están previstos en la fracción IV del artículo 17 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

 

COMENTARIO FINAL

 Como lo comenté al inicio, existen empresas que por diversas causas mantienen un saldo importante y con amplia antigüedad por concepto de cuentas por cobrar, algunas de ellas con poca posibilidad de su recuperación, por lo que es de suma importancia hacer un análisis integral de las disposiciones fiscales aplicables con el fin de obtener una deducción fiscal; además, me parece que la ley brinda oportunidades interesantes a explorar para planear la instrumentación de dicha deducción, principalmente, en el supuesto de notoria imposibilidad práctica de cobro.

 

Fuente: IMCP

 

0 Me Gusta
2125 Visualizaciones